La prostitución entre el Ying y el Yang

El pasado 27 de febrero se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Alicante la ordenanza contra la prostitución de calle gracias a los votos emitidos por parte del Partido Popular. Esta ordenanza permitirá a la Policía Local sancionar con multas de los 750 a 3.000 euros tanto a clientes como prostitutas que incumplan esta normativa. Bajo la consigna de “no hay entorpecer la vida cotidiana de los alicantinos”, los populares se respaldan a la hora de concluir definitivamente esta orden que aún no se sabe las consecuencias que tendrá en la ciudad. Con esto, Alicante se suma a muchas de las ciudades españolas que se suben al carro de instalar una normativa en la ciudad para “cortar por lo sano” la prostitución callejera. Municipios y ciudades como Sevilla, Málaga, Madrid o Barcelona que ante la falta de regulación se acercan al abolicionismo de la profesión de prostituto/a y optan por acogerse a estas medidas que nos alejan más de una regularización de la prostitución. En la provincia de Murcia , tan solo Santomera ha instalado una normativa municipal que se saldó hace dos meses con la multa a dos prostitutas por el importe de 1.500 euros. Dicha multa y tras la difusión mediática que se le dio al tema no ha sido áun ni pagada ni recurrida, sino puesta en “standby” al igual que la normativa, ya que en la ciudad las prostitutas siguen en la calle y no se ha vuelto a poner ninguna otra penalización.

A la orden del día están las huelgas de colectivos de trabajadores que luchan por sus derechos como a la que recientemente asistíamos de  los bomberos de Madrid para reclamar más compañeros y mejor material al grito de “¡estamos muertos!”. Sin embargo somos incapaces de imaginarnos una huelga de prostitutas y no porque les falten motivos para ello, sino porque entre otros derechos de los que carecen, no tienen derecho a ella.

Hablar de regularización de la prostitución en el 2011 es abrir muchos frentes, es llenar la mesa de distintas cartas de una misma baraja y no llegar a ninguna conclusión unánime. En el mes de febrero se han celebrado dos jornadas para tratar el tema de la regularización de la prostitución. La primera de ellas, celebrada en Granada fue una charla impartida por la profesora de la Universidad granadina Maria Luisa Maqueda.

La segunda versa en unas jornadas celebradas el 25 de feberero en el Centro de Estudios Jurídicos Europeos y de Mediación de la Universidad de Lleida a las que acudieron diversos expertos europeos sobre el tema, entre ellos: Carolina Villacampa porfesora de Derecho de la UdL, la socióloga Barbara Kavemann y la escritora, Petra Östergen. En este ámbito, los expertos analizaron dos de los cuatro modelos a la hora de regularizar la prostitución: el abolicionista y el reglamentista. Villacampa concluye de este modola experiencia vivida en estas jornadas: “si dijera que hubo conclusiones claras, estaría mintiendo. Creo que los ponentes partidarios de la regularizaciòn de la prostitución expusieron convincentemente sus tesis. Algo semejante sucedió con los abolicionistas, que tampoco modificaron sus convicciones”.

En ambas jornadas se pretendía hacer una puesta en común para determinar las posibles regulaciones futuras en nuestro país, pero ¿para cuando esa regulación de la que tanto se habla?. Si cada colectivo lucha por unos intereses, si cada uno se aferra a un modelo regulador, si mezclamos colores políticos e intereses económicos, ¿para cuándo esa regulación y qué manera es la más correcta para llevarla a cabo?.

Nacho Pardo, coordinador y fundador de CATS (Comité de Ayuda para las Trabajadoras del Sexo), lo tiene claro aunque sabe que es difícil el camino a seguir. Nacho trata todos los días con una media de 25 trabajadoras/es del sexo que acuden a la asociación en busca de soluciones, amparo o alguien con quien hablar. Conoce de tú a tú el problema de la no regularización y culpa a la estigmatización que hay en la sociedad en torno a la prostitución. “Al multar la prostitución en la calle, los caminos no van hacia la regularización de ésta sino hacia el abolicionismo” concluye el coordinador. Aún así, también argumenta que: “es muy difícil esta tarea porque ¿cómo vas a regular una profesión tan estigmatizada que se denomina trabajo sexual en el Ministerio de Trabajo?. La gente no quiere, no es fácil, en CATS pensamos que hay que hacerlo, pero para ello hay que hablar mucho, sentarse con todos los ámbitos y llegar a algún acuerdo o decisión común.”

La regularización según la Plataforma de Ayuda a los trabajadores del sexo

Por su cercanía con las trabajadoras del sexo, estas asociaciones conocen de primera mano todos los pormenores que se esconden tras el trabajo sexual y algo que los diferencia de otras posturas reguladoras es que piensan que el espacio público es de todos y no se debe castigar a los colectivos más débiles como graffiteros, mendigos, o en este caso prostitutas. Es por ello que a la hora de la regularización optan por que aquellas que quieran ejercer de meretrices en la calle puieran darse de alta como autónomas. En cuanto a  pisos y clubes, piensan que en todos ellos debería de existir un contrato que exija derechos y deberes al contratante y empresario para darle cobertura legal al trabajador del sexo en cuestión y que no se abuse de él.

La regularización según empresarios del sector

En CATS no están de acuerdo con el punto de vista empresarial respecto a la regularización de la prostitución puesto que ven en ellos intereses de doble filo: “es como dar el visto bueno a todo lo que sabemos que ocurre en un burdel en referencia a los abusos laborales. No es la misma relación contractual para el trabajador que para el empresario, y además pretenden erradicar la prostitución de calle”. Otra de las cosas en la que no coinciden ambas partes es en la erradicación de la prostitución de calle, puesto que los empresarios y dueños de burdeles plantean que la prostitución se ejerza en prostíbulos única y exclusivamente

Otros puntos de vista sobre la regularización

Ahondando más en el tema nos encontramos con las posturas enfrentadas de CC.OO y UGT. Mientras que la primera opta una postura más cercana a la regularización, la segunda opta por el camino abolicionista. En cuanto a la política navega entre el sí y el no dependiendo del territorio y del poder que tengan en cada uno. Claros ejemplos los tenemos en la Defensora del Pueblo que hace poco hizo unas declaraciones partidarias a la regulación de la prostitución, sin embargo y tal y como apuntaba al comienzo hace apenas una semana, los populares alicantinos aprobaron una ordenanza que prohibirá a partir de ahora la prostitución callejera en la ciudad, ordenanza a la que los socialistas se oponen.

Mientras no haya una ley estatal,  cada vez serán más los municipios que se unan a la iniciativa de ciudades como Santomera, Alicante o Málaga, todas ellas, retrocesos en el camino hacia una regularización de ésta. Sin embargo y pese a haber una explícita declaración de intenciones parece muy lejana la idea de dotar de derechos y deberes a ese colectivo en un 80% inmigrante que pese a no tener vocación de prostitutos, deciden por su propia voluntad alquilar sus cuerpos para ganarse la vida.

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